Nuestro territorio, Nuestro derecho, Nuestra decisión

PRONUNCIAMIENTO


NUESTRO DERECHO, NUESTRO TERRITORIO, NUESTRA DECISIÓN

Rechazamos la imposición del proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada y
Consulta Pre-Legislativa, elaborada sin debida concertación con los pueblos y sin el
reconocimiento del derecho al consentimiento y a la autodeterminación

19 de noviembre de 2020

A la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, el Gobierno Ecuatoriano, la Sociedad Ecuatoriana y al Mundo:
Frente a la violación histórica y sistemática de nuestros derechos a la autodeterminación, a la consulta y
consentimiento previa, libre e informada y a la consulta prelegislativa por el Estado ecuatoriano –
Frente a la destrucción impuesta por el extractivismo y por la imposición de normas y políticas públicas sobre
nuestros territorios sagrados, que son nuestra fuente de vida, cultura y espiritualidad –
Frente al despojo sistemático y desconocimiento de nuestros derechos a la propiedad territorial convirtiéndolos
de manera inconsulta y arbitraria en áreas protegidas e imponiéndose restricciones y cargas incompatibles con
nuestras formas de vida –
Frente a la concesión y entrega inconsulta de nuestros territorios a favor de empresas mineras, petroleras, e
hidroeléctricas, que constituye un acto ilegal y, por ende, nulo –
Frente al interés gubernamental de imponer sus agendas políticas y prioridades institucionales –
Frente al momento histórico en que próximamente la Corte Constitucional del Ecuador se pronunciará de fondo
sobre los casos sobre vulneración del derecho a la consulta previa de los Waorani de Pastaza, los A’i Kofán de
Sinangoe y el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku –
Frente al “proyecto de ley de consulta previa” que podría ser discutida sin nuestra participación ni consentimiento
en la Asamblea Nacional y ante el interés del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables de regular de
manera inconstitucional nuestro derecho a la consulta y consentimiento previo mediante decretos ejecutivos que
velan por intereses económicos privados –

LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA NOS PRONUNCIAMOS:
¡Nuestro territorio! ¡Nuestro derecho! ¡Nuestra decisión!

LES RECORDAMOS: Nosotros los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador somos titulares de derechos
inalienables, reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales. Ecuador es un
Estado plurinacional, y, por tanto, el Estado tiene la obligación de incorporar nuestros intereses como pueblos
indígenas en el marco de los intereses generales de la nación.

NUESTRO TERRITORIO es donde nos desarrollamos y tiene sentido nuestra existencia como pueblos originarios. El
Gobierno y ahora la Asamblea Nacional no entiende y no quiere entender, que todo nuestro territorio está
conectado y depende de un equilibrio frágil y una armonía sagrada. Nuestro territorio no es un pozo petrolero, ni
una mina de oro, ni una plantación de palma, ni un espacio baldío para imponer proyectos de “desarrollo” como
hidroeléctricos. Es nuestra casa, la casa de nuestros espíritus, nuestra farmacia, nuestro supermercado, nuestra
escuela, nuestro templo. Tenemos el derecho inalienable a mantener nuestras relaciones históricas con nuestros
territorios, incluyendo sus equilibrios económicos, sociales, ambientales, culturales y espirituales.

NUESTRO DERECHO es a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado ante cualquier proyecto o
actividad que puede afectar nuestros territorios y ante cualquier ley, decreto o acto administrativo que afecte
nuestra vida o territorio. Pero también nuestro derecho es a la AUTODETERMINACIÓN, a decidir nuestras formas
de gobernar, tomar decisiones y a buscar libremente el desarrollo económico, social y cultural. La consulta previa
sin consentimiento viola nuestro derecho a la autodeterminación y representa una burla a nuestras formas de
gobierno propio. La consulta sin consentimiento convertiría estos derechos constitucionales e internacionales en
un mero trámite para el gobierno, que nos lleva al engaño, el atropello y la división. Para nosotros, la violación de
nuestro derecho a la consulta significa la violación a nuestro derecho al agua, salud, cultura, territorio y
medioambiente sano.

NUESTRA DECISIÓN es colectiva y firme. Lo entendemos porque, al interior de nuestras comunidades y
nacionalidades, todas las decisiones más importantes son tomadas de esa manera. La consulta y el consentimiento
significan que el pensamiento y decisión de todo un pueblo es respetado, y para llegar a esto trabajamos
colectivamente en espacios propios. Es como si cada uno de nosotros/as pusiéramos ingredientes en una olla
colectiva que se cocina a fuego lento. Cada pueblo cocina su decisión de manera distinta, por eso, la necesidad del
enfoque y metodología diferenciada en la consulta por parte del Estado, de manera irrestricta y en absoluto apego
a los instrumentos internacionales que protegen nuestros derechos. Todos cocinamos las decisiones JUNTOS en
nuestras comunidades porque -por bien o mal- TODOS vamos a comer los beneficios o consecuencias juntos. ¿Qué
significa esto? Que las decisiones colectivas suponen un proceso de pensamiento, de debate al interior de nuestras
comunidades, de escuchar a nuestros Ancianos y de entender que los resultados de este proceso -extracción o notrae consecuencias para nuestros territorios y para la vida de quienes los habitamos: la Naturaleza, nosotros y
nosotras mismas, pero también nuestros seres espirituales.

Los territorios son nuestros. Los derechos son nuestros. La decisión es nuestra. POR ESO EXIGIMOS:
A la Asamblea Nacional: En base a nuestro derecho a la autodeterminación aclaramos que el desarrollo
normativo del derecho a consulta y consentimiento previa, libre e informada con los Pueblos y las Nacionalidades
y la consulta prelegislativa sólo tendrá validez si se realiza en armonía y respeto de nuestras formas y tiempos para
la discusión, el análisis y la toma de decisiones sobre nuestros derechos y nuestros territorios decidimos nosotros.
No participaremos de un proceso de desarrollo normativo que no garantice y respete nuestros mecanismos de
gobernanza. Sin concertación, cualquier ley no será válida y no tendrán vigencia en los territorios de los pueblos y
nacionalidades.

A la Defensoría del Pueblo: La elaboración de cualquier propuesta de proyecto de consulta previa y consulta
ambiental desde la Defensoría del Pueblo no puede responder a intereses políticos o a necesidades institucionales,
no se puede pretender que la comunicación con algunos sectores dirigenciales y la realización de socializaciones
con algunas organizaciones sea un mecanismo válido y respetuoso, es indispensable contar con la participación
colectiva, adecuarse a los tiempos, criterios y a las formas de organización, análisis y toma de decisión que
tenemos los diversos Pueblos y Nacionalidades. Rechazamos de manera categórica el actual proyecto de ley que
impulsa la Defensoría del Pueblo ya que carece de legitimidad y desconoce la postura de Pueblos y Nacionalidades.
A la Corte Constitucional: Que de manera prioritaria por la gravedad y urgencia que reviste este derecho y por
estar sistemáticamente vulnerado, cumpla con su obligación de llamar a audiencia pública a los casos ya
seleccionados de las 16 comunidades Waorani de Pastaza, los A’i Kofán de Sinangoe para el desarrollo
jurisprudencial y se dé continuidad a la acción interpuesta por el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. Ustedes
han dispuesto a la Asamblea Nacional que promueva el desarrollo de de una ley de consulta previa por dictamen
de la Corte, pero es imposible pretender que en un plazo tan corto hagan una ley que incluya de manera adecuada
criterios de Pueblos y Nacionalidades que tienen visiones, situaciones, alcances y prioridades diversos de
desarrollo y de manera fundamental formas diversas de gobernanza y acuerdos culturales. No es posible que la
Corte desplace a la Asamblea a legislar este derecho fundamental sin que la misma Corte haya escuchado,
precisamente, a los Pueblos y Nacionalidades y pronunciado sobre los estándares obligatorios de la consulta y el
consentimiento previo, libre e informado.

Al Estado ecuatoriano: Que no promueva ningún supuesto y viciado proceso de consulta previa o las denominadas
socializaciones en ninguno de nuestros territorios hasta que se garantice el consentimiento libre, previo e
informado que respete nuestros mecanismos de gobernanza y nuestras prioridades de vida, que reconozca que las
decisiones que tomamos son de carácter vinculante y obligatorio para el Estado.
Negamos y rechazamos los procesos de consulta previa regulados por normas, reglamentos y decretos
inconstitucionales e infraconstitucionales escritos que responden a intereses extractivos violan nuestros derechos
y ponen en riesgo nuestras vidas y territorios; todos las concesiones, contratos, bloques petroleros otorgados de
manera inconsulta resultan ilegales y nulos.

Es obligación de todos los poderes del Estado que previo a la adopción de cualquier acto, por parte de cualquier
autoridad administrativa que pudiese afectar los derechos colectivos reconocidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales aplicables sea consultado en respeto de nuestra autodeterminación.
A la sociedad ecuatoriana y del mundo: Únanse a nosotros. Hemos demostrado que los Pueblos y Nacionalidades
Indígenas somos quienes protegemos de manera más efectiva la biodiversidad, los bosques y las fuentes de agua;
es decir, la vida. Al no proteger nuestros derechos, nos ponen en riesgo de exterminio físico y cultural, pero
también ponen en peligro a la naturaleza y, con ello, a que la humanidad sea más vulnerable a los efectos del
cambio climático.

Contacto de prensa:
Andrés Tapia, dirigente de Comunicación de la CONFENIAE: +593 98 446 5175