Dirigentes indígenas de Napo destacaron este 24 de marzo del 2023 una decisión judicial en contra de la extracción minera en la provincia. Continuarán con su “lucha” hasta sacar a las empresas mineras de territorios habitados por las comunidades indígenas.
Andrés Rojas, delegado de la Defensoría del Pueblo para Napo, participó en la audiencia de acción de protección que se desarrolló este 24 de marzo en el Complejo Judicial Tena.
El jurista explicó en una rueda de prensa que el proceso legal en contra de la minería en la provincia inició el 12 de octubre del 2021.
Tras finalizar la audiencia destacó que el Juez dictó que hay incumplimiento de sentencia constitucional. «Significa que los responsables, es decir el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Energía y Minas, han hecho caso omiso a las disposiciones de orden constitucional”, refirió.
Varias organizaciones y colectivos accionantes buscan que se garantice el derecho a la consulta libre, previa e informada, además del consentimiento. Para ello, se basan en la sentencia que la Corte Constitucional (CC) del Ecuador dictó en el caso Sinangoe. También abogan por el derecho a la consulta ambiental.
DESTITUCIÓN DE AUTORIDADES. En la audiencia, el Magistrado dispuso que “en el plazo de 15 días, el presidente de la República (Guillermo Lasso) informe sobre la destitución del ministro de Ambiente, de Minas, así como del director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero”, pronunció Rojas, debido al incumplimiento.
Consideró al dictamen como un “paso histórico” porque se ordena la destitución de autoridades “que no han cumplido con su rol protector”. Cuestionó que la Amazonía sea vista como un territorio para fines de explotación.
“No hemos ganado el resultado final, hay un largo camino y tenemos que acudir a la CC”, acotó Rojas. Existe una acción de protección extraordinaria que presentó la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN). El objetivo es que el Estado declare a Napo como territorio libre de concesiones mineras y que las áreas y fuentes de agua contaminadas sean remediados.
LLAMADO A COMUNIDADES. Federico Tapuy, presidente de la FOIN, manifestó que no se conformarán con el dictamen de este día. Hizo un llamado e invitó a las familias de todas las comunidades, afectadas por la minería, que se incluyan en el proceso legal.
“Hoy ganamos un paso y mañana seremos más porque en nuestra provincia, en nuestras comunidades, no queremos ser afectados. No queremos ser maltratados”, expresó. Denunció una agresión.
En días pasados, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana informó que en la comunidad San Gabriel de Kuriyaku, parroquia Talag, agredieron a José Moreno. Él es coordinador de Colectivos Sociales de Napo. Señalaron a operadores mineros como los supuestos responsables.
Una representante indígena, que acompañó el proceso legal desde su inicio, solicitó que las resoluciones tomadas por la Conaie en Latacunga, en la que participó la FOIN, se entreguen a las autoridades indígenas electas.
En la asamblea del 12 de enero, las organizaciones resolvieron como primer punto preparar las condiciones de defensa territorial con medidas de hecho, en cada territorio que tiene presencia de mineras transnacionales.
Por otro lado, sigue en pie la convocatoria de la Conaie para la marcha del 28 de marzo, en Quito. Ese día la dirigencia entregará un proyecto sobre la Ley Orgánica Intercultural de la Gestión del Agua y de sus Usos. Mientras tanto, el dirigente Leonidas Iza se encuentra en Nueva York, en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.
